Isabel Gil Everaert es una académica e investigadora del fenómeno migratorio desde hace una década y sostiene que es indispensable adecuar los trámites migratorios, despojarlos de violencia burocrática equivalente a mantener al migrante en incertidumbre, para que el país inicie una etapa de integración de estas personas, respetando los derechos humanos, beneficiándose de sus deseos de trabajar y asentarse.
Gil fue una de las autoras de los documentos del Seminario de Migración, Desigualdad, y Políticas Públicas del Colmex, específicamente del capítulo “Población en busca de protección internacional”, en el que ya proponía, hace un par de año, reducir tiempos de espera para trámites y formular programas de integración temporal y permanente.
En entrevista, dada en el contexto de la tragedia en la que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez dentro de una estación migratoria, da oportunidad a que la académica exponga con claridad: “Por ley internacional y nacional, no se puede sancionar a alguien que ingrese de manera irregular a un territorio para pedir refugio; encarcelar o meter a una estación migratoria a las personas que están solicitando refugio es ilegal”.
Y describe la raíz actual del tránsito migrante, que incluye una Comisión Nacional de Ayuda a Refugiado (COMAR) sin presupuesto y personal suficiente:
“Yo reconozco el trabajo de la COMAR en los últimos años; en 2013, dividiendo su presupuesto entre el número de solicitudes anuales, daba un total de 2,600 pesos por solicitud, por dar una estimación. En 2021 le duplicaron el presupuesto anual, pero por el aumento de las solicitudes de refugio, ahora toca a 300 pesos por solicitud”, indica Gil, “el Instituto Nacional de Migración tiene 40 veces más presupuesto que la COMAR: claramente la política está orientada a las estaciones migratorias, vigilancia de la frontera y no a la protección internacional. Allí están las prioridades.
–¿Por qué empezamos a ver aglomeraciones de migrantes en diferentes puntos, ahora mismo en la Colonia Juárez de la CDMX, por ejemplo?
–El Reglamento de la Ley sobre refugiados y protección complementaria indica que, una vez recibida la solicitud de refugio, la COMAR tiene 45 días para resolver el expediente y determinar si se otorga el estatus de refugiado o no. Pero en 2017, por los sismos, la COMAR emitió un decreto suspendiendo los plazos alegando que la oficina de la Ciudad de México de la COMAR se había dañado; era un recurso por emergencia, pero la realidad es que esto se ha ido extendiendo hasta hoy. Los procesos ahora son más tardados, y se extienden por meses o años. Hay una paradoja en esto: 8 de cada 10 de estas solicitudes se reciben en Tabasco y Chiapas, no tendrían por que necesariamente atrasarse los procesos en esos estados.
Pero hay que decir también que la COMAR tiene pocos recursos, poco personal y una demanda impresionante, eso hace que la gente en vez de esperar un mes o dos meses, se aviente seis meses o un año. Yo estuve en Tenosique (Tabasco) en trabajo de campo y encontré personas que esperaron su regularización dos años y medio, periodo en el que no podían salir del estado. Si empezaban en Tabasco su trámite, no podían salir de la entidad hasta el final del mismo.
