Reportan que 96% de los contratos del INE en los últimos dos años de Taddei fueron por adjudicación directa
Una investigación de La Jornada reveló que, de los más de 13,300 contratos que realizó el INE en los dos últimos años de la administración de Guadalupe Taddei, 96% se otorgaron por adjudicación directa. Solo una mínima parte se asignó por licitación.
Según el reporte, esas contrataciones sumaron alrededor de 2,829.7 millones de pesos, entregados a distintos proveedores sin un concurso público en el que varias empresas compitieran por los contratos.
Quiénes aparecen como beneficiarios
Entre las empresas beneficiarias destacan las dedicadas a seguridad privada, vigilancia y limpieza:
- Arzaa Protección y Vigilancia Especializada: al menos 221 contratos de vigilancia y limpieza.
- Jurídicos Integrales FBP: 96 contratos por 54.13 millones de pesos.
- Vigilancia y Protección a la Sociedad: más de 43 millones.
- Seguridad Privada Guns 8A: 22.8 millones.
- Protección y Logística Empresarial VYMSA: 12.2 millones.
La investigación también identificó contrataciones con personas físicas. Entre ellas aparece Ana María Juárez Hernández, quien recibió al menos 49.5 millones de pesos mediante 60 convenios, además de otros dos contratos a través de la empresa Seguridad Privada Cabiexm.
¿Qué significa contratar por adjudicación directa?
Es un mecanismo legal por el cual una institución pública elige a un proveedor sin hacer una licitación abierta, en la que distintas empresas presentan propuestas. Las licitaciones buscan obtener mejores condiciones para las instituciones y asegurar que el dinero se ejerza con eficiencia.
La adjudicación directa no es ilegal por sí misma: la ley permite usarla en ciertas circunstancias y con justificación. El problema surge cuando se usa en exceso, sin suficiente justificación o cuando beneficia de forma repetida a ciertos proveedores.
Por eso el porcentaje reportado pone bajo la lupa cómo se distribuyeron los recursos durante la administración de Taddei, en particular por el monto y la concentración de servicios en determinados proveedores. Los datos cobran relevancia ante los señalamientos sobre posibles irregularidades en las contrataciones y la necesidad de revisar si hubo incumplimientos o responsabilidades administrativas.
Que un contrato se haya dado por adjudicación directa no implica, por sí solo, una ilegalidad. Para determinarlo, las autoridades deberán revisar las justificaciones, los procedimientos y el cumplimiento de cada contratación.










