Los narcocorridos han vuelto a colocar a Chihuahua capital en el centro de la discusión sobre los límites de la música en los espectáculos públicos. Durante la Expogan 2026, las presentaciones de Los Tucanes de Tijuana y Marca Registrada derivaron en procedimientos administrativos que podrían representar más de un millón y medio de pesos para los organizadores del Palenque.

Detrás de estas sanciones se encuentra el Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos para el Municipio de Chihuahua, una disposición local que establece multas para los espectáculos en los que se interpreten o reproduzcan contenidos considerados apología del delito. La normativa también contempla sanciones para aquellos que promuevan la violencia contra las mujeres.

¿Qué establece el reglamento municipal?

El artículo 222 es una de las disposiciones centrales para entender las multas. Establece que la interpretación o reproducción de contenidos musicales, videos, imágenes u otros materiales que hagan apología del delito o de sus autores puede sancionarse con una multa equivalente a entre 6 mil 500 y 12 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El mismo artículo contempla sanciones para contenidos que promuevan la violencia contra las mujeres y propicien su denigración, discriminación, marginación o exclusión. En este caso, los recursos recaudados deben destinarse a apoyar las labores del Instituto Municipal de las Mujeres, incluido el refugio de protección para mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia extrema.

En cambio, los ingresos derivados de las sanciones por apología del delito deben destinarse a acciones de prevención del delito y la inseguridad, de acuerdo con el texto del reglamento.

La disposición no establece una prohibición federal de los narcocorridos como género musical. Se trata de una regulación municipal que se aplica a espectáculos públicos sujetos a autorización de las autoridades de Chihuahua capital. La calificación de una canción como apología del delito corresponde al procedimiento administrativo, no simplemente a que pertenezca al regional mexicano o a que mencione al crimen organizado.

¿Cuánto cuestan las multas?

El monto de las sanciones se calcula con base en la UMA, una unidad de referencia utilizada para determinar obligaciones y multas. Con el valor diario de 117.31 pesos vigente en 2026, las cantidades previstas en el artículo 222 equivalen a:

6 mil 500 UMA: 762 mil 515 pesos.

12 mil UMA: un millón 407 mil 720 pesos.

La cantidad definitiva depende de la resolución administrativa. Por eso, es importante distinguir entre el depósito entregado como garantía para realizar un espectáculo y la multa que finalmente determine la autoridad.

Tucanes de Tijuana y Marca Registrada, bajo revisión

Los casos más recientes ocurrieron el viernes 23 y el sábado 24 de octubre de 2026, durante las presentaciones de Los Tucanes de Tijuana y Marca Registrada en el Palenque de la Expogan.

De acuerdo con información difundida por el subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Germán Oliva Jiménez, durante el concierto de Los Tucanes de Tijuana se identificaron nueve canciones sujetas a revisión por presunta apología del delito. Entre ellas se encontraba El Águila Blanca, tema relacionado con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.

La presentación de Marca Registrada, realizada al día siguiente, también derivó en un procedimiento. La agrupación interpretó Si Fuera Fácil y su vocalista, antes de cantar el tema, expresó ante el público: «Muchachos, por favor, que valga la pena la multa».

Según los reportes publicados el 26 de octubre, los organizadores habían entregado una garantía de 762 mil 515 pesos por cada presentación, equivalente a 6 mil 500 UMA. En conjunto, las garantías sumaban un millón 525 mil 30 pesos.

Sin embargo, la autoridad municipal señaló que los procedimientos seguían bajo revisión y que los organizadores disponían de cinco días hábiles para atender las actas administrativas. Después de analizar las circunstancias de cada concierto y las canciones observadas, se determinaría si correspondían sanciones adicionales.

¿A quién se multa: al cantante o al organizador?

Aunque en ocasiones se habla de multas contra los intérpretes, en los casos de la Expogan la autoridad identificó como responsables directos del procedimiento a los empresarios que contrataron a los artistas y obtuvieron la concesión para realizar los espectáculos del Palenque.

La diferencia es importante: la garantía económica se vincula con la autorización del evento y permite asegurar el cumplimiento de las obligaciones previstas por la normativa municipal. La responsabilidad concreta debe establecerse en el expediente administrativo correspondiente.

El antecedente de Los Tucanes de Tijuana también se remonta a mayo de 2025, cuando el Municipio de Chihuahua informó que hizo efectiva una garantía de 6 mil 500 UMA después de que la agrupación interpretara canciones consideradas apología del delito durante la Feria de Santa Rita. En aquella ocasión, las autoridades señalaron que revisarían el acta para determinar si la sanción debía aumentar según el número de canciones observadas.

Una discusión que va más allá de los narcocorridos

La aplicación de estas disposiciones abre una discusión sobre la relación entre la regulación de los espectáculos públicos, la libertad de expresión artística y la prevención de la violencia. Mientras el Ayuntamiento sostiene que busca evitar la exaltación de conductas delictivas, la aplicación de la norma exige identificar las conductas previstas en el reglamento y justificar cada sanción mediante el procedimiento correspondiente.

Para quienes organizan conciertos, el reglamento implica considerar estas restricciones al tramitar los permisos y preparar los repertorios. Para los artistas, representa un límite administrativo que puede tener consecuencias económicas para los promotores de sus presentaciones.

Los casos de la Expogan muestran que la medida continúa vigente en Chihuahua capital. No obstante, para conocer el desenlace de las sanciones de octubre será necesario esperar las resoluciones definitivas del Ayuntamiento y confirmar si los montos retenidos como garantía se convierten en sanciones firmes.