Cuerpos hacinados, en un espacio reducido sin ventilación, con ventanillas distantes y pequeñas, y un bochorno apenas soportable. Baños inservibles, quizás uno medianamente funcional para decenas de migrantes. Sin un lugar apropiado para ingerir alimentos, algunos de los cuales se servían en estado de descomposición. Sin atención médica ni medicinas, ni siquiera los artículos más básicos para la higiene personal o íntima. Sin opción de una ducha, pese a estancias de varias semanas, prolongadas por la falta de transporte e indiferencia consular.

Y -lo más lacerante tras la tragedia-, sin salidas de emergencia ni protocolos de evacuación en situaciones de emergencia.

Este es el retrato compartido por Alejandra Macías, ex consejera del Instituto Nacional de Migración (INM) y quien como directora de la organización internacional Asylum Access logró ingresar a finales de septiembre de 2022 a la hoy siniestrada Estancia B de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Una estampa discrepante con los cuantiosos recursos que, según el INM, gasta en alimentos, medicinas, servicios médicos y transporte en las 57 estancias o estaciones migratorias del país.

De acuerdo con el oficio 1077/2022 emitido por la Dirección de Recursos Financieros del INM -como parte de una solicitud de transparencia procesada apenas en septiembre de 2022-, el Instituto destina más de mil 300 millones de pesos al año en alimentación, medicina y transporte.

El ritmo de desembolso se ha mantenido similar en los últimos dos años…

En 2021 el costo presupuestal por estos rubros alcanzó más de mil 385 millones de pesos, es decir 3 millones 822 mil pesos diarios.

En 2022, hasta el mes de julio (último mes reportado por el organismo), se habían gastado ya 709 millones 533 mil 403 pesos en los tres apartados, un promedio de 3.5 millones diarios.

Según la dependencia, estos gastos operativos “son sufragados con los ingresos excedentes por el pago de derechos de servicios migratorios”, es decir, con los impuestos generados en las tareas de asistencia migratoria.

“El dinero que se les destina es mucho, y las estaciones siguen siendo lugares de tortura, donde las personas son despojadas de todas sus pertenencias y privadas de su libertad, sin acceso a la justicia ni a la protección humanitaria, con la incertidumbre de cuándo serán deportadas”, refiere Macías Delgadillo.