Desde 2018, al menos 45 ambientalistas han sido asesinados, según cifras oficiales compartidas con Reuters
Ciudad de México.- A fines de octubre de 2021, la defensora medioambiental Irma Galindo salió de su casa, en una remota comunidad indígena del sur de México, para reunirse en la capital con autoridades de un programa estatal de protección a activistas al que pertenece, donde evaluarían las amenazas que había recibido por su labor.
Pero ella, entonces de 41 años, nunca llegó a la cita con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), que tienen a su cargo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocido como “el Mecanismo”.
Compañeras de lucha la reportaron como desaparecida a principios de noviembre y dijeron que hay elementos suficientes para asegurar que el caso guarda relación con su lucha en contra de la tala ilegal de árboles en su natal Oaxaca, una de las actividades más lucrativas del crimen organizado en México.
Galindo sigue desaparecida y las autoridades han hecho pocos progresos en su caso. Pero su historia no es única en México.
Desde 2018, al menos 45 ambientalistas han sido asesinados, según cifras oficiales compartidas con Reuters, colocando a México como el segundo país más peligroso del mundo para estos activistas después de Colombia.
La cifra, sin embargo, es conservadora ya que sólo incluye a beneficiarios del Mecanismo y deja por fuera a decenas de otros ecologistas ejecutados, coincidieron activistas. Según la ONG local Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), al menos 58 ambientalistas han muerto, siendo 2021 el año más violento para la profesión con 25 asesinatos.
Los números ilustran la peligrosidad de ciertos tipos de activismo social en la gestión del mandatario, quien prometió acabar con la violencia pero va camino a tener el peor registro de crímenes violentos en la historia moderna de México.
Cuando el Mecanismo actúa, muchas veces es demasiado tarde”, se lamentó Sara Méndez, consejera ciudadana de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y miembro de la organización civil Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.
Días antes de desaparecer, Galindo envió una carta a los encargados del Mecanismo asegurando que tenía “miedo de morir” y los denunció por no haberle otorgado “seguridad”.
Voy a dejar de esconderme para proteger mi pellejo a cambio de que el gobierno federal, las organizaciones que se dicen ecologistas y gente que dice amar la naturaleza me ayude a desarticular la mafia del poder que está matando a mi gente de la montaña”, escribió en una carta fechada el 22 de octubre.
Un día después, mientras estaba en la capital, hombres armados irrumpieron en su comunidad, San Esteban Atatlahuca, y asesinaron a siete personas, hirieron de bala a otra y quemaron decenas de casas, según pobladores consultados por Reuters.
“PODÍA ESPERAR”
Pese a que las amenazas contra Galindo no eran nuevas, ella recién entró a formar parte del Mecanismo en 2021.
El programa ofrece diversos grados de protección, desde poco más que un registro de amenazas hasta geolocalizadores para activistas o incluso guardaespaldas y asistencia para huir del país.
Desde hace cuatro años comenzó a denunciar la tala ilegal del bosque en la región mixteca, una zona que abarca 35,000 kilómetros cuadrados -un área del tamaño de Taiwán- de los estados sureños Guerrero y Oaxaca, así como el central Puebla.
Ella expuso la existencia de un aserradero que destruía el bosque, según dijo, con permisos de las autoridades. Ni la Secretaría del Medioambiente -que da las licencias para explotarlos-, ni autoridades de Oaxaca respondieron a solicitudes de información por parte de Reuters.
Entonces empezó su calvario: fue hostigada, perseguida, difamada y amenazada de muerte por parte de servidores públicos y de familiares, según denunció Galindo y la ONG Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que la apoyaba.
En octubre de 2019, ella acusó de “hostigamiento y persecución” a dos autoridades de San Esteban Atatlahuca.
Un mes más tarde, su casa y la de otros activistas fueron incendiadas, lo que la obligó a salir del país. Galindo responsabilizó del ataque a autoridades locales.
A pesar del riesgo, regresó a su pueblo y continuó su labor. “Volví porque yo no tengo porqué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo un bosque que beneficia a nuestras comunidades”, comentó entonces.
