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Defiende Función Pública de BC licitación ilegal de Planta fotovoltaica

La Secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California, Vicenta Espinosa Martínez, defendió la ilegalidad de la licitación de una planta fotovoltaica que no cuenta con los permisos de la Comisión Reguladora de Energía

La Secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California, Vicenta Espinosa Martínez, defendió la ilegalidad de la licitación de una planta fotovoltaica que no cuenta con los permisos de la Comisión Reguladora de Energía ni las autorizaciones y estudios de impacto social que emite la Secretaría de Energía.

En conferencia de prensa, la funcionaria del gobierno de Jaime Bonilla, omitió mencionar que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) negó el pasado 8 de julio los permisos para generar energía eléctrica a las empresas Hive Solar Baja California Norte 1, S. A. de C. V. Y Hive Solar Tres Manantiales, S. A. de C. V.

Para defender al Presidente del Comité Interinstitucional de Energía, el ex secretario de Hacienda local Rodolfo Castro Valdez, Espinosa Martínez también omitió que la licitación LPN-CIE-001-2020, cuyo fallo resultó a favor de la empresa Next Energy de México, S.A. de C.V., es ilegal puesto que el artículo 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, establece que previo a la licitación, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) debió haber autorizado la obra tal cual como se dio, pues es competencia federal toda la infraestructura que se cree en materia de la Industria Eléctrica, por lo que el Gobierno del Estado carece de facultades para haber realizado tal licitación”.

La funcionaria bonillista también omitió explicar que la secretaria de Energía, Rocío Nahle explicó al gobernador Jaime Bonilla, que los poderes estales carecen de la facultad constitucional para convocar una licitación como la que se realizó, ya que es una facultad exclusiva de la Federación, tal y como lo demuestra el oficio No. SENER. 100/2020/303 que la secretaria de Energía envió al Gobernador el año pasado.

De acuerdo con cifras oficiales, el proyecto de la planta fotovoltaica habría comprometido los ingresos del Estado de Baja California durante los próximos 30 años, debido a que el proyecto implicaría un contrato obligatorio que generaría una deuda por cobrar de 270 millones de dólares.

La secretaria de Honestidad y Función Publica local también olvidó explicar que el decreto 178 emitido por el Poder Legislativo de Baja California, autoriza a la Comisión Estatal del Agua (CEA), que asigne las aportaciones correspondientes para el cumplimiento del contrato plurianual en el Presupuesto de Egresos de cada año, por lo que se cubriría con recursos públicos propios y de participaciones federales.

En dicho decreto se establece que gran parte del dinero saldrá del recurso recabado del cobro de suministro de agua a los usuarios, situación que afectaría a las familias más vulnerables ante un inminente aumento en el precio del agua, producto de un proyecto de corte neoliberal de los que tanto ha criticado el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de las pruebas presentadas y del conflicto que generó el Gobierno estatal con la Secretaria de Energía del Gobierno Federal, la funcionaria estatal defendió a los responsables de la licitación irregular y dijo que no existen responsabilidades administrativas o penales en las que pudiera haber incurrido el Gobierno del Estado.

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