De cara al próximo proceso electoral, el Consejo del Banco de Alimentos de Ciudad Juárez hizo un llamado a aspirantes, partidos políticos y a los tres niveles de gobierno para utilizar con responsabilidad los apoyos alimentarios, evitar la duplicidad en la entrega de despensas y canalizar recursos a través de esquemas técnicos que permitan atender a quienes realmente tienen hambre en esta frontera.

Los consejeros advirtieron que la entrega desarticulada de despensas (una práctica común en tiempos electorales, lamentaron), provocará que los apoyos lleguen a personas que ya reciben asistencia, mientras que miles de familias en verdadera necesidad permanezcan sin atención.

Frente a ello, plantearon que los recursos públicos destinados a alimentación se canalicen mediante el Banco, al asegurar que cuentan con padrones, diagnósticos y seguimiento de beneficiarios.

La petición surge en una ciudad donde más de 180 mil personas viven en pobreza alimentaria extrema, mientras el Banco apenas alcanza a atender menos del 24 por ciento de esa población, al tiempo que mantiene una creciente lista de espera, lo que refleja la dimensión de la demanda.

Actualmente, mil familias tienen cita directa para solicitar apoyo, pero los espacios disponibles están saturados hasta el 4 de julio. A ello se suman al menos 20 comités comunitarios en lista de espera, que podrían representar hasta 2 mil familias adicionales que no pueden ser incorporadas por falta de recursos.

El problema, advirtieron, se ha agravado con el aumento de solicitudes derivado de despidos en la maquiladora.

Ante este panorama, el presidente del Banco de Alimentos, Eduardo Licón Chávez, pidió que el apoyo alimentario no sea utilizado como herramienta improvisada o electoral, sino como una política seria.

“Si realmente quieren ayudar, que el recurso se entregue a través del Banco. Aquí sabemos a quién llega cada despensa, cuántos miembros tiene la familia, si hay niños, cuáles son sus condiciones y cómo evoluciona su situación. No es repartir por repartir”, planteó.

Licón Chávez recordó que la razón de ser de los bancos de alimentos es evitar el desperdicio, en un país donde se tira el 30 por ciento de los alimentos.

“Si recuperáramos todo ese alimento no debería haber hambre. El derecho a la alimentación es una obligación compartida entre sociedad y gobiernos. Nosotros no pedimos que el gobierno sustituya al Banco, pedimos que lo fortalezca”, expresó.

En su intervención, el consejero Sergio Aguilera fue más contundente al cuestionar la entrega discrecional de despensas en periodos electorales.

“Cuando vienen elecciones, los gobiernos andan entregando despensas al ahí se va. ¿Qué pasa? Que quizá ya atendimos a esa persona y a otra que sí tenía necesidad no le llegó nada. Por eso hemos pedido bases de datos y no existen”, advirtió.

Por ello, insistió en que, el Banco debe ser el canal para evitar duplicidades y desperdicio. “Si realmente queremos ayudar, hay que hacerlo bien. Para eso existe un Banco de Alimentos. Nos faltan 130 mil personas por atender y por eso es muy importante que los gobiernos se apoyen con nosotros”.

Los integrantes del Consejo advirtieron además que el hambre no sólo es una crisis social, sino también un tema de seguridad pública. Señalaron que una persona con necesidad extrema puede ser vulnerable a caer en delitos o ser captada por actividades ilícitas.

Por lo que el Banco de Alimentos tiene un impacto indirecto en la disminución de la inseguridad, al reducir condiciones de desesperación y vulnerabilidad social, afirmaron.

“¿Qué hacen las personas que no tienen para comer? ¿En qué tentación caen? Es una realidad en Juárez que tenemos una oferta por parte de la gente que se dedica a actividades ilícitas, para capturar la necesidad de la gente e incluso aprovecharlos para su conveniencia. ¿Cuánta gente estamos sacando de ese contexto para que no robe por hambre?

“¿Cuántas de esas personas el Banco de Alimentos saca fuera de ese contexto? ¿Cuánta gente el Banco está sacando de la delincuencia para que no vaya a tu casa y te robe algo por necesidad? El Banco de Alimentos tiene un impacto social muy grande”, afirmó el ingeniero Aguilera.

Por su parte, el consejero Jorge Quintana cuestionó las prioridades del presupuesto público, sobre todo, durante los procesos electorales: “Hay más de 180 mil personas en pobreza alimentaria extrema aquí en Juárez. ¿Cuánto se gasta en campañas? ¿Cuánto se gasta en un evento político? ¿Qué significa ese gasto para la sociedad?”.

En su última sesión de Consejo, sus integrantes insistieron que ningún programa de desarrollo puede prosperar si la población tiene hambre, e invitaron a que más empresas se unan a esta labor.

“Las grandes cadenas comerciales de Juárez aportan muy poquito, y algunas no aportan nada. Hay cadenas con 100 sucursales que nos dan 10 kilos por mes. El compromiso social debería expresarse con mucha mayor fuerza”, insistió el maestro Quintana.

Incluso, aseveró el Banco está cubriendo una responsabilidad que corresponde al Estado: “Estamos subsidiando una política pública. El derecho a la alimentación es fundamental y hoy lo está atendiendo el Banco porque no lo atiende el gobierno”.

En su participación, la consejera Leticia Solís, médica de formación, subrayó que el modelo del Banco va mucho más allá de entregar despensas, pues incluye seguimiento nutricional, educación alimentaria y medición de resultados.

Como ejemplo, destacó el programa de desayunos escolares, donde detectaron que el 85 por ciento de los niños beneficiados no desayunaba y que el 27 por ciento presentaba anemia.

“Se corrigió el cien por ciento de las anemias detectadas. No es sólo llevar alimento, es darle seguimiento a las familias para que salgan de la pobreza alimentaria”, explicó.

Los consejeros también reiteraron que el apoyo gubernamental sigue siendo limitado. Aunque reconocieron donativos como un millón de pesos que recientemente entregó el DIF Municipal, Licón Chávez señaló que esa cifra representa apenas el 0.5 por ciento de los 180 millones de pesos que consume la operación del Banco al año.

Mientras que, si bien el Gobierno estatal brinda un apoyo para el programa de desayunos escolares, éste no rebasa el 2 por ciento del presupuesto, señaló la doctora Solís.

Por ello, solicitaron que el respaldo deje de ser eventual y se convierta en compromiso presupuestal. “Lo ideal sería que los gobiernos adoptaran este apoyo de manera institucional. Eso garantizaría más alimento para Juárez”, apuntó Aguilera.

Finalmente, los consejeros insistieron en que el Banco de Alimentos, es una institución con solvencia moral, y con una regulación estricta por parte de la Red de Bancos de México (BAMX), y de la Secretaría de Hacienda, a través del cual, los donantes pueden estar seguros de que sus aportaciones van realmente a quienes realmente lo necesitan.

Y es que, su gasto en empleados no les permite utilizar más del 3 por ciento de sus recursos, por lo que, la operación del Banco se sostiene prácticamente del voluntariado. Además, lejos de paliar una necesidad con ayuda inmediata, el Banco de Alimentos, brinda a las familias herramientas para que puedan salir de una condición de pobreza alimentaria extrema.

“Hay rotación de beneficiarios, porque ellos tienen que generar su propia estrategia de recuperar el gasto familiar. Nosotros no tenemos clientes de 20 años, aquí sólo duran 2 años, la gente tiene que ser consciente de que tiene que ser autosuficiente”, concluyó Jorge Quintana.