A más de una semana del paro de operaciones derivado de la bancarrota del corporativo First Brands Group, declarada en septiembre de 2025, trabajadores de varias de sus empresas en Ciudad Juárez continúan a la espera de ser liquidados conforme a la ley, mientras mantienen tomadas las instalaciones para evitar la salida de maquinaria.

Las plantas que actualmente permanecen bajo resguardo de los empleados son Hopkins Manufacturing, Centric Parts, Brake Parts Inc. (BPI) y Stop Tech, las cuales dejaron de operar de manera definitiva desde el pasado 25 de enero.

En contraste, otras dos empresas filiales del mismo corporativo continúan trabajando de manera normal en la ciudad: Subensambles Internacionales y Juárez Packaging Plant (JPP), sin que hasta el momento se haya informado si enfrentarán una situación similar.

Desde la fecha del cierre, los trabajadores han permanecido al interior de las plantas clausuradas para resguardar el equipo y la maquinaria, ante el temor de que directivos o representantes de la empresa intenten retirarlos sin cumplir previamente con las obligaciones laborales.

La situación también ha afectado a proveedores locales, quienes no han podido retirar de las naves industriales maquinaria que, en algunos casos, fue subarrendada para prestar servicios a las empresas ahora cerradas.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Iván Pérez Ruiz, señaló que al menos un socio del organismo es proveedor de una de las plantas cerradas y enfrenta una deuda considerable derivada de esta situación.

Explicó que las empresas maquiladoras operan bajo esquemas de importación temporal, incluyendo maquinaria, y que la Ley Aduanera establece que dichos bienes no pueden ser utilizados, vendidos o transferidos por terceros ajenos a la empresa titular del programa.

Indicó que, al declararse en quiebra la empresa, se pierde el programa IMMEX, por lo que la maquinaria importada temporalmente se convierte en mercancía ilegal dentro del país si no es retornada al extranjero conforme a la normativa.

Finalmente, Pérez Ruiz advirtió que los proveedores podrían enfrentar multas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de que el valor de la maquinaria resguardada es incierto y, por tratarse de equipo altamente especializado, difícilmente podría cubrir primero los pasivos laborales, luego los fiscales y posteriormente las deudas con proveedores.