Líderes del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua expresaron su respaldo al exfiscal César J. M al considerar que el caso judicial en su contra debe analizarse a partir de su actuación en el combate al crimen organizado y de las decisiones que tomó durante su gestión.

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Gustavo Elizondo Aguilar, calificó de excesiva la acusación contra el exfiscal, particularmente por la imputación de traición a la patria, al considerar que los hechos señalados no justificarían ese delito y sostuvo que el proceso tendría motivaciones políticas.

Elizondo atribuyó la responsabilidad política del caso a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; según su interpretación, las decisiones tomadas por la mandataria estarían relacionadas con las presiones surgidas tras su encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El exalcalde planteó que, en ese contexto, Campos Galván habría tenido que elegir entre asumir personalmente las consecuencias políticas y legales de la situación o permitir que Jáuregui enfrentara las acusaciones.

Estas declaraciones corresponden a su postura sobre el caso y no constituyen, por sí mismas, una comprobación de las motivaciones que atribuye a las autoridades.

Elizondo también vinculó su argumento con un eventual escenario en el que la gobernadora dejara el cargo para buscar una diputación y perdiera el fuero; bajo esa hipótesis, afirmó que podría quedar expuesta a acciones legales y sostuvo que la entrega del entonces fiscal habría sido una forma de responder a las exigencias que, según él, provenían del ámbito federal.

En sus declaraciones, el exalcalde insistió en que el asunto rebasa, a su consideración, el terreno estrictamente jurídico y representa un conflicto político que afecta la imagen de las instituciones.

Asimismo, lamentó que la controversia involucre a integrantes del propio PAN y que sus consecuencias alcancen tanto al ámbito nacional como al estatal.

El proceso contra César J. M está relacionado con la presunta autorización para que agentes estadounidenses participaran en un operativo contra un laboratorio clandestino ubicado en la Sierra Tarahumara, realizado a mediados de abril del presente año; el caso derivó en su detención para enfrentar un procedimiento judicial por los hechos investigados.Por su parte, el exalcalde de Ciudad Juárez, Ramón Galindo Noriega, sostuvo que César J. M asumió riesgos al enfrentar a grupos criminales y consideró injusto el trato que recibe actualmente.

A su juicio, el debate debería centrarse en la eficacia de las estrategias de seguridad y no únicamente en las posibles irregularidades relacionadas con los procedimientos utilizados.

Galindo Noriega señaló que las autoridades deben priorizar el esclarecimiento de los hechos y fortalecer las acciones contra la delincuencia organizada, en lugar de concentrarse en sancionar a quienes, según su perspectiva, tomaron decisiones para enfrentarla.

El exedil también manifestó su solidaridad con el exfiscal, a quien describió como amigo y compañero de partido; en su posicionamiento, cuestionó lo que considera una diferencia de criterios en la actuación de las autoridades, al señalar que se procede con rapidez contra algunos funcionarios, mientras otros presuntos casos de corrupción o complicidad con grupos criminales no reciben la misma atención.

El senador panista Mario Vázquez Robles también cuestionó la imputación de traición a la patria contra César J. M. indicó que, desde su interpretación del Código Penal y de la Ley de Seguridad Nacional, no encuentra elementos que permitan encuadrar los hechos investigados en ese delito.

Vázquez Robles consideró que el Gobierno federal está dando al caso un uso político y calificó de excesiva la acusación. No obstante, sus señalamientos representan la posición del legislador y no sustituyen la valoración que corresponde realizar a las autoridades judiciales sobre los hechos y las disposiciones legales aplicables.

El senador expresó su expectativa de que César J. M pueda continuar el proceso en libertad, al argumentar que cuenta con arraigo y que no mostró intención de evadir a las autoridades. Como parte de su explicación, recordó que el exfiscal renunció a su cargo y posteriormente acudió ante la Fiscalía General de la República para rendir declaración, inicialmente, según señaló, en calidad de testigo y no de imputado.

Finalmente, se buscó establecer comunicación con los dirigentes local y estatal del PAN, Ulises Pacheco y Daniela Álvarez, respectivamente, para conocer su postura sobre el caso del exfiscal; sin embargo, no fue posible obtener sus declaraciones por vía telefónica ni mediante mensajes, por lo que no se contó con una posición adicional de ambos dirigentes al cierre de esta información.