Integrantes del recién creado Frente Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional interpusieron seis recursos legales en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, cinco de ellos relacionados con la presunta presencia de agentes estadounidenses en territorio estatal y otro más por los supuestos bloqueos y obstáculos registrados durante la movilización convocada por Morena el pasado 16 de mayo en la capital del estado.
Natividad Castellanos Velázquez, integrante del Frente, informó que actualmente se promovieron cinco amparos indirectos, una queja y está por notificarse un sexto amparo relacionado con la defensa de la soberanía nacional y las acciones de corporaciones extranjeras de seguridad en Chihuahua.
“Estamos intentando que informen al juzgado federal cuáles son las condiciones en que los agentes federales de Estados Unidos ingresaron al estado”, señaló.
De acuerdo con Castellanos Velázquez, el movimiento ciudadano comenzó formalmente el pasado 4 de mayo y aunque todavía no ha sido registrado oficialmente ante las instancias correspondientes, ya opera bajo el nombre de Frente Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional.
Explicó que el grupo sostiene que permitir el ingreso de agentes extranjeros, particularmente de agencias de seguridad de Estados Unidos, representa una violación a diversos ordenamientos legales y a la soberanía nacional.
“Se está agregando mucha gente que está de acuerdo en que se defienda la soberanía, porque todos sabemos que Estados Unidos no viene realmente a ayudar, viene a ver de qué manera pueden meterse ahora sí que a la casa, a la cocina”, expresó.
El movimiento se define como una iniciativa “100 por ciento ciudadana”, dijo. De acuerdo al abogado, han logrado reunir 329 firmas provenientes de al menos 11 municipios del estado, entre ellos Chihuahua, Ciudad Juárez y Guadalupe y Calvo. Indicó que las firmas fueron registradas en una plataforma digital con el objetivo de que tengan carácter vinculante.
Respecto al amparo relacionado con la movilización de Morena, Castellanos Velázquez afirmó que solicitaron a la jueza federal requerir información técnica y operativa a las autoridades estatales sobre los presuntos bloqueos y acciones policiacas registradas durante la manifestación.
“Nosotros estamos reclamando que elementos del gobierno hicieron muchas obstaculizaciones, que estaban restringiendo la libertad de expresión, con amenazas de detenciones y policías sin uniforme”, sostuvo.
El activista señaló que dentro de las pruebas que pretenden aportar al expediente se encuentran fotografías y testimonios relacionados con zanjas presuntamente realizadas por personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en carreteras y caminos utilizados por simpatizantes de Morena para llegar a Chihuahua capital.
Según explicó, algunos participantes habrían tenido que desplazarse “por el monte” para evitar los bloqueos registrados en zonas como Sacramento y otros accesos carreteros.
El contexto de las acusaciones surgió luego de que Morena difundiera en redes sociales imágenes y videos de bloqueos carreteros en los accesos a la ciudad de Chihuahua, denunciando que dichas acciones buscaban impedir o desalentar la asistencia de ciudadanos a la marcha realizada el sábado 16 de mayo contra la administración estatal y para exigir el desafuero de la gobernadora Maru Campos.
Castellanos Velázquez añadió que, una vez que las autoridades respondan a los requerimientos judiciales, buscarán acudir ante la Fiscalía para promover posibles acciones penales contra quienes hayan participado en las presuntas obstrucciones.
“Los habitantes somos los jefes del gobierno, el gobierno no es el que manda”, expresó.
El pasado 20 de mayo, el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua registró formalmente la demanda de amparo promovida por Natividad Castellanos Velázquez y otros ciudadanos contra actos atribuidos a la gobernadora del estado.
Sin embargo, la jueza Madhay Soto Morales requirió a los promoventes aclarar y precisar los actos reclamados, así como presentar mayores elementos y antecedentes sobre las acusaciones formuladas, otorgándoles un plazo de cinco días para complementar la información.
