La embestida contra los inmigrantes que cruzan a través de la frontera con México y la clasificación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas figuran en un listado de 13 motivos por los cuales congresistas demócratas han solicitado un nuevo juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Es la primera vez desde que el magnate inició su segundo mandato, que los legisladores aluden a una problemática de la relación bilateral México-Estados Unidos para imputar violaciones a la Constitución al jefe de la Casa Blanca, con el objetivo de destituirlo.

El punto XII de la resolución presentada por el congresista demócrata por Connecticut, John B. Larson, recuerda que el 20 de enero de 2025 el presidente Trump emitió declaración de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, en la que “de manera absurda, calificaba la inmigración no autorizada de hombres, mujeres y niños indefensos y desarmados a través de la frontera con México como una “invasión” militar.

Dicha declaración, según los argumentos de Larson y unos 25 legisladores que respaldan la solicitud de impeachment, se promulgó con el “propósito ilícito de evadir las leyes de inmigración que regulan el asilo u otras medidas, incluyendo la suspensión indefinida de la entrada física de cualquier extranjero, a quienes se presume irrefutablemente “invasores”, y que serían objeto de una respuesta militar, incluyendo ejecuciones extrajudiciales”.

Con tal conducta, se lee en la resolución demócrata, “Donald J. Trump merece ser sometido a juicio político, destituido de su cargo e inhabilitado para ocupar cualquier cargo público de honor, confianza o beneficio bajo la administración de los Estados Unidos”.

Organizaciones terroristas
Los congresistas promoventes también citan la orden ejecutiva denominada “Designación de Cárteles y otras Organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados”, a la que califican como “pretexto para iniciar una guerra inconstitucional contra países vecinos”.

Los cárteles de la droga no cumplen con la definición legal de organización terrorista extranjera establecida en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad

• Ralph Nader y Ralph Nader en proyecto de juicio político
  “Los cárteles de la droga no cumplen con la definición legal de organización terrorista extranjera establecida en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, apunta el proyecto de juicio político, en el que participaron el abogado y defensor del consumidor, Ralph Nader, en colaboración con el experto en derecho constitucional y abogado Bruce Fein.

Larson ha sido un defensor constante de reformas migratorias con enfoque humanitario. A lo largo de sus más de 25 años de legislador, ha apoyado iniciativas para crear vías legales hacia la ciudadanía, frenar políticas de detención y deportación masiva, así como garantizar el debido proceso para los migrantes aprehendidos.

El artículo III del proyecto sostiene que el gobierno del presidente Trump “ha detenido, deportado o intentado deportar ilegalmente a ciudadanos o inmigrantes basándose principalmente en su raza, etnia u oposición política”

“El señor Trump ha recurrido a epítetos viles como ‘basura’ para deshumanizar a los inmigrantes e incitar al odio y la violencia contra ellos. Entre otras cosas, el presidente Trump ha deportado a personas a un cruel centro de detención en El Salvador donde se practica la tortura, en violación del debido proceso constitucional y de las órdenes judiciales”

Usurpación al Congreso
El artículo I de la resolución sostiene que “en violación de su deber constitucional de preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos, y de velar por la fiel ejecución de las leyes, ha usurpado el poder de guerra del Congreso”.

Los congresistas firmantes señalan que esta violación se concretó al iniciar la guerra y “asesinar a decenas de presuntos narcotraficantes, aunque no probados”, en el Caribe y el Pacífico oriental; también se evidenció al bloquear a Venezuela y “cometer piratería en alta mar y aguas costeras mediante el robo de petróleo venezolano”.

“El señor Trump ha iniciado inconstitucionalmente la guerra como beligerante o cobeligerante contra Irán, Yemen, Líbano, Siria, Nigeria y Gaza. Ha amenazado con el uso de la fuerza militar contra Panamá, Colombia, Cuba y Groenlandia. En todas estas acciones, el presidente Trump ha actuado sin la autorización constitucional del Congreso”, continúa el texto legislativo.

Al actuar de esta manera, remarca el texto, el presidente Trump no ha esgrimido ningún principio que le impida declarar a cualquier persona (incluidos ciudadanos estadounidenses), país o actor no estatal, enemigo de Estados Unidos y matarlos o destruirlos por la fuerza militar.