La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), basada en los Diagnósticos Penitenciarios de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de 2024 y presentado en 2025, revela irregularidades en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aquiles Serdán, donde la corrupción y la inseguridad afectan a una parte de los internos.

De acuerdo con los resultados, el 6.8% de los internos señaló haber sufrido algún acto de corrupción al momento de su detención, señalando irregularidades desde las primeras etapas del proceso penal. Entre los actos reportados se encuentran sobornos para obtener seguridad, privilegios o algún beneficio dentro del centro penitenciario.

Además, el diagnóstico expone condiciones de inseguridad al interior del centro penitenciario, ya que el 25.9 % de la población interna manifestó sentirse insegura dentro del penal, un indicador que pone en evidencia deficiencias en la protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

De acuerdo con los resultados, 17.2% de las personas privadas de la libertad han sufrido actos de corrupción durante su estancia en el penal. Entre los abusos reportados se incluyen agresiones físicas y psicológicas cometidas o permitidas por las autoridades, tales como golpes con manos u objetos, amenazas y violencia psicológica, que incluyen incomunicación, presión emocional y coacción.

Si bien la ENPOL no especifica qué autoridades están involucradas, los testimonios de los internos señalan que los abusos ocurren tanto durante la detención como dentro del penal, lo que pone en evidencia fallas sistémicas en el manejo y supervisión del centro.

Expertos en derechos humanos señalan que este tipo de reportes reflejan una problemática estructural en varios centros penitenciarios del país, donde la combinación de corrupción, falta de seguridad y escasa vigilancia permite que se violen los derechos fundamentales de los internos.

La CEDH y organismos especializados han insistido en la necesidad de implementar protocolos estrictos de supervisión y rendición de cuentas, así como programas de capacitación para el personal penitenciario, con el objetivo de garantizar la seguridad, la integridad y la dignidad de las personas privadas de la libertad.

Este diagnóstico se suma a otros reportes que alertan sobre la urgente necesidad de reformas en el sistema penitenciario, no solo para proteger a los internos, sino también para garantizar que los centros de reinserción cumplan con sus objetivos de rehabilitación y respeto a los derechos humanos.