Chihuahua, Chih.-El sistema de justicia laboral enfrenta un doble desafío: eliminar el rezago en las Juntas de Conciliación, que operan con presupuesto y personal reducidos, y sostener el creciente flujo de juicios bajo el nuevo modelo procesal. Ambos casos dejan al trabajador en una situación de alta vulnerabilidad.

Así lo señaló el abogado laboralista Humberto Morales, quien explicó que cuando una persona enfrenta un despido injustificado o rescisión de su contrato, el nuevo procedimiento establece que debe acudir inicialmente al Centro de Conciliación Laboral (CCL).

En esta instancia, recibe asesoría gratuita y citan al patrón con el objetivo de lograr un arreglo entre las partes que incluya el pago de derechos adquiridos y una compensación por el despido.

Precisó que, si no alcanzan un acuerdo en la etapa conciliatoria, de acuerdo con el nuevo procedimiento laboral, el excolaborador debe interponer una demanda ante el Poder Judicial del Estado (PJE) a través de un abogado de oficio o particular.

Este proceso incluye una contestación por parte del patrón, una audiencia preliminar y posterior a ello, una audiencia de juicio, que es donde resuelven el procedimiento.

En cualquier etapa la ley permite conciliar, incluso después de dictada la sentencia.

En la práctica, dijo, el experto en derecho del trabajo, las agendas del Poder Judicial están saturadas y los procedimientos suelen demorarse.

Mencionó que existe un cambio notorio desde la implementación del nuevo procedimiento hasta hoy, pues la acumulación de expedientes ha ralentizado los procesos, generando tiempos muertos que afectan la celeridad de la justicia.

Es así que en el Poder Judicial del Estado han registrado demoras de seis a ocho meses únicamente para la audiencia preliminar.

El abogado atribuyó estos retrasos a cuestiones presupuestales y a la excesiva carga de trabajo para los funcionarios en activo que satura la agenda, lo que dificulta la celeridad en los actuales procedimientos orales.

El cuello de botella del Juicio de Amparo

Una vez dictada una resolución, mencionó que quien pierde el juicio suele tramitar un amparo y el Poder Judicial Federal presenta un retraso “nunca antes visto”, donde las resoluciones que antes tomaban de seis a nueve meses, ahora pueden tardar más de un año.

Esto es por la falta de personal, bajo presupuesto y, en algunos casos, por la falta de capacidad del juzgador, dijo.

Apuntó que hay jueces y magistrados que cuentan con experiencia y conocimiento y realizan los procedimientos de la mejor forma y tiempos posibles.

Lamentablemente, señaló, también hay personal que carece de los conocimientos necesarios, lo que inevitablemente demora los procedimientos y genera un perjuicio para las partes involucradas.

Explicó que, si bien el trabajador tiene un derecho adquirido, el retraso impide ejercerlo y en el supuesto que tenga razón en su demanda, el pago de la indemnización correspondiente será efectivo hasta que sea resuelto el proceso legal.

Para el patrón, dijo, representa un detrimento económico, pues en caso de perder el juicio, la demora implica el pago de salarios caídos, topados a un año, más el pago de intereses sobre dicha base, además de la indemnización constitucional.

El trabajador es el ente a quien protege la Ley Federal del Trabajo y el sujeto obligado siempre será el patrón, mencionó.

Agregó que en los juicios que están aún en trámite en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales, las partes enfrentan un escenario crítico, por la lentitud de los procedimientos.

Afirmó que han cerrado mesas de trabajo o algunas de las Juntas han reducido significativamente el personal, dejando una carga de expedientes que genera un cuello de botella que no advierten para cuándo pueda desahogarse.

En este contexto, señaló que no observan la intención del Gobierno de aumentar el personal en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto federales como locales, lo que resulta un perjuicio al sistema.

Esto, dijo, porque los asuntos no los resuelven, las pruebas no son desahogadas, no citan a testigos o demás intervinientes en el proceso de forma oportuna y adecuada, además de que no mandan los exhortos, lo que genera un escenario caótico que perjudica al trabajador y a todo el entorno laboral.

“Hoy hay juicios de años que no avanzan por falta de notificación o interés de las partes. Pese a que las Juntas de Conciliación tienen la obligación de vigilar y velar para que el procedimiento avance, lo que en la realidad es letra muerta”, dijo.

Cambios con el nuevo sistema de justicia laboral

A partir de la reforma laboral de 2019, el sistema de justicia transitó del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Este nuevo modelo simplifica el procedimiento y mantiene la oralidad.

Anteriormente, explicó Humberto Morales, los juicios eran resueltos por tribunales bajo un esquema tripartito, con representantes del trabajador, patrón y gobierno, como es con los expedientes vigentes en las Juntas de Conciliación, en donde hay casos que llevan más de seis años sin concluir.

Independientemente del sentido del fallo, los juicios previos a la reforma permanecen estancados por la falta de presupuesto para contratar personal, lo que provoca que la justicia se imparta a cuentagotas

Con el cambio de procedimientos, consideró Humberto Morales que hay un avance en los términos, pues el procedimiento es más ágil. Sin embargo, dijo, sería deseable que los tiempos mantuvieran la celeridad de hace un año.

El problema actual, refirió, es que la estructura gubernamental carece de los jueces y mesas de trabajo suficientes para agilizar el desahogo de los casos, por lo que empiezan a observar un incremento en la carga de trabajo.

Sobre los jueces elegidos por voto popular, señaló que la falta de experiencia, aunque no impida el aprendizaje futuro, repercutirá inevitablemente en la calidad de las resoluciones y en los criterios aplicados para resolver juicios.

“Los juicios anteriores a la reforma están cada vez más lentos, no avanzan y hay menos presupuesto y personal para atenderlos. Los nuevos procedimientos iniciaron con una esperanza de avance, sin embargo, cada día hay más juicios y no se observa que pueda existir presupuesto o personal para que esto no colapse”, lamentó.