Chihuahua— La familia de la activista y defensora de derechos humanos Mayte Regina Gardea González pasó la noche del 24 de diciembre entre balas, tras sufrir un ataque armando en su casa, ubicada en la comunidad de Pitorreal, municipio de Bocoyna.

“Están vivos de milagro”, señaló la activista. A través de un video difundido en sus redes sociales la mañana del 25 de diciembre, Gardea González denunció que, pese a múltiples llamadas de auxilio, ninguna autoridad acudió al lugar durante el ataque, ni para brindar seguridad ni atención médica a las personas afectadas.

Según relató, su hermano y otros integrantes de la familia permanecieron atrincherados dentro de la vivienda mientras eran atacados con armas de alto calibre.

La activista afirmó que la familia logró sobrevivir “de milagro” y que uno de sus sobrinos resultó con lesiones leves.

La defensora señaló directamente a personas que, dijo, ya han sido identificadas como agresoras y vinculó el ataque con el conflicto que mantiene desde hace años por su labor de denuncia y acompañamiento a comunidades indígenas de la región, particularmente en casos de despojo territorial.

En su mensaje, Gardea González acusó que la vivienda familiar quedó severamente dañada y que la familia continúa en una zona de alto riesgo, incomunicada y sin garantías de seguridad.

La activista también hizo un llamado público para que el caso no quede en el olvido y para visibilizar la violencia que, aseguró, viven cotidianamente muchas familias en el país sin acceso a justicia ni protección.

Exigen protección urgente

La organización civil Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A.C. emitió un comunicado urgente en el que exige a autoridades estatales y federales medidas inmediatas de protección para la defensora de derechos humanos Mayte Regina Gardea González y su familia.

De acuerdo con la organización, los hechos colocan a Gardea González en una situación de riesgo extremo, debido a que el ataque fue en el contexto de una denuncia pública y legal que la activista ha sostenido contra el despojo y la explotación de comunidades indígenas en la región.

El comunicado señala que el conflicto tiene antecedentes desde 2009, cuando Mayte Regina Gardea comenzó a acompañar a la comunidad indígena de Majimachi, en el municipio de Bocoyna, ante el despojo de su propiedad ejidal.

Asimismo, solicitó la intervención urgente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al considerar que el riesgo es directo y derivado de su labor de acompañamiento comunitario.

También demandó una investigación pronta, expedita y transparente, en la que consideren el activismo de Mayte Regina Gardea como la principal línea de investigación, así como la detención y vinculación a proceso de los presuntos responsables materiales e intelectuales del ataque, quienes —señala el comunicado— se encuentran plenamente identificados.