El Gobierno Municipal de Hidalgo del Parral enfrenta un proceso judicial por el presunto incumplimiento de un convenio firmado en 2016 con el Gobierno del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. El conflicto gira en torno a la posesión del inmueble donde actualmente opera la Presidencia Municipal.

De acuerdo con la información oficial, el 23 de julio de 2016 se firmó un convenio de coordinación entre las tres partes para ceder al Poder Judicial el edificio ubicado en las calles República de Cuba y Francisco Miranda, con el fin de establecer una sede regional en la zona sur del estado. A cambio, el acuerdo contemplaba la entrega de dos inmuebles estatales al Municipio y un apoyo económico de 2 millones de pesos por parte del Tribunal para la construcción de una nueva sede municipal.

El convenio establecía que el Ayuntamiento debía entregar el inmueble en cuestión a más tardar el 15 de septiembre de ese mismo año. Al no cumplirse esa condición, se estipularon sanciones económicas, como el pago de rentas, intereses e incluso una pena convencional. El Ayuntamiento reconoce la existencia del acuerdo, pero argumenta que enfrentó dificultades administrativas y logísticas que impidieron su cumplimiento, entre ellas el cambio de uso de los predios contemplados originalmente.

La demanda fue presentada formalmente por el Tribunal Superior de Justicia el 11 de julio de 2019, y fue radicada el 2 de septiembre de ese año ante el Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, bajo el expediente número 731/19. Desde entonces, el proceso ha seguido su curso legal.La sentencia emitida por el tribunal establece que el Gobierno de Parral debe desocupar el edificio que actualmente alberga la Presidencia Municipal, y además cubrir una serie de sanciones económicas. Entre ellas, destacan 1 millón 451 mil pesos por concepto de rentas, 5 millones 100 mil como pena convencional, y más de 4 millones 800 mil pesos por intereses acumulados al 9% mensual, además de los gastos y costas del juicio.

En total, las sanciones económicas podrían superar los 11 millones de pesos, en un contexto que pone presión sobre las finanzas del municipio. Las autoridades locales aseguran estar conscientes de la situación y han reiterado que se están tomando medidas legales para enfrentar el fallo.

El secretario del Ayuntamiento, Jorge Cordero, informó que el alcalde ha instruido a los equipos jurídicos municipales a agotar todas las vías legales posibles para defender el patrimonio público. “Se está actuando con responsabilidad y transparencia, siempre priorizando el interés de la ciudadanía”, dijo el funcionario.