CDMX.- Células de la delincuencia organizada cobran desde 200 pesos hasta 500 mil pesos semanales a personal de mineras en el norte de Zacatecas, en el norte y costa de Michoacán y en la Tierra Caliente de Guerrero, así como a miembros de toda la cadena vinculada con la producción, confirmaron fuentes ministeriales.

El cobro de piso se aplica a trabajadores, personal residente, operadores de camiones, gerentes y hasta comercios que laboran en las inmediaciones de las plantas, incluidos los de alimentos.

«En algunas mineras pagan extorsiones los perforadores, los geólogos, los electricistas o los operadores de maquinaria; lo mismo que los ejecutivos de las empresas, no se diga los vendedores de comida o abarrotes que están cercanos», indicó una de las fuentes, basada en las denuncias, que, dijo, en la mayoría de los casos se quedan sin ratificar por temor a represalias.En otros casos, las empresas han implementado protocolos contra el cobro de piso con el apoyo de la seguridad privada y las autoridades federales, subrayó Alejandro Desfassiaux, fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

«En Guerrero, el Gobierno quitó la concesión a una empresa de oro que operaban una mina de cielo abierto y ahora la opera el narco. El problema es que hay dueños responsables que operan con medidas preventivas y no caen en el chantaje bajo ningún motivo, gracias a que tienen protocolos, como es el caso de mi empresa, hacemos todos los protocolos de inteligencia, verificación, control, monitoreo, todo lo que hay que hacer en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército», dice el especialista en seguridad privada.

«Pero hay otros muchos dueños que han caído en la extorsión y, ya cuando cayeron en la extorsión, viene el aumento de las cuotas, comienzan a abusar de la extorsión. Un caso muy famoso también está en Guerrero, fue una empresa canadiense que se quejó con el Gobierno federal, porque escalaron el chantaje a los obreros, cobrándoles por entrar a la mina, hay empresas que siguen con este problema de pagar derecho de piso a los criminales, pero también existen las empresas que han invertido más dinero en su seguridad y tomaron medidas de prevención», expone.En el tema de la extorsión existe una creciente cifra negra, pues los que pagan cuota al crimen temen represalias, por lo que evitan las denuncias formales ante el Ministerio Público.

De acuerdo con la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), la inseguridad y las actividades del crimen organizado han afectado las operaciones en las regiones mineras más importantes del País, como Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y el Estado de México.En estos estados, la industria minera ha tenido que aumentar su presupuesto de seguridad entre un 5 por ciento y un 10 por ciento, de acuerdo con un reporte de Stratop Risk Consulting, elaborado en 2024.Sin embargo, para febrero de 2022, las extorsiones en México del sector minero registraron un crecimiento de casi 16.8 por ciento en comparación con marzo de 2021, advirtió.La Cámara Minera de México (Camimex) indicó que las inversiones en el sector minero disminuyeron un 34.5 por ciento desde 2012, año en que el sector recibió inversiones por 8 mil 043 millones de dólares, mientras que en 2022 la inversión se estimó en 5 mil 265 millones de dólares.Como resultado, el Instituto Fraser de Canadá posicionó a México como el cuarto país más inseguro de América Latina para realizar actividades mineras.»Es muestra de la constante diversificación económica que estos grupos criminales siguen para incrementar sus ganancias. De lo anterior, existen diversas evidencias que van desde la creación de infraestructura logística para exportar mineral ilegalmente, la extorsión, robo y hasta actividades para dirigir y controlar directamente los proyectos de explotación minera», refiere el reporte de la consultora.»Durante el Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto, se documentó que diferentes grupos de la delincuencia organizada controlaban, en al menos 5 estados, la industria minera. Lo anterior, causando que la industria minera mexicana fuera la de menor competitividad a nivel mundial».El reporte advierte que los depósitos de litio descubiertos en México enfrentan riesgos por la influencia y el creciente control territorial de grupos de la delincuencia organizada y porque los grupos delictivos organizados se están diversificando hacia el sector minero.»Los principales proyectos mineros en México se encuentran en los estados con los mayores yacimientos de litio, los cuales, a su vez, se localizan en zonas con una importante actividad de grupos de la delincuencia organizada. Aunado a ello, la explotación y la producción de uranio en México es considerada una actividad reservada al Estado. Sin embargo, es uno de los recursos mineros que están siendo aprovechados por grupos delictivos, como el caso del denominado ‘La Familia Michoacana’, que comenzó a aprovechar desde hace una década el uso de este tipo de mineral», subraya la consultora.»En palabras de Johnny Hurtado Olascoaga, alias ‘El Pez’, hermano de José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias ‘El Fresa’, líder de dicha organización criminal, dicho grupo delictivo transporta uranio de forma ilegal dentro de Guerrero hasta los puertos de Lázaro Cárdenas en Michoacán y Manzanillo en el estado de Colima, donde se entrega directamente a barcos de nacionalidad china», refiere.De acuerdo con datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), alrededor del 90% de los proyectos mineros llevados a cabo en 2022 presentaron conflictos y violencia derivados por la explotación de los recursos naturales.Estos actos violentos incluyeron amenazas, criminalización, desapariciones forzadas, privación ilegal de la libertad, entre otros.La consultora también alertó que el robo de explosivos en la industria minera mexicana es otro de los tipos de ilícitos que se cometen con uso de violencia por parte de los grupos delictivos y citó que el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. (AIMMGM), Rubén del Pozo Mendoza, reportó que en diversas ocasiones se han visto en la necesidad de pagar el derecho de piso, ocasionándoles un incremento de al menos un 3 por ciento a los costos finales de su producción.»Los constantes robos, la infiltración de cárteles y la actividad de ‘narcomineros’ han creado un ambiente de inseguridad que desincentiva la inversión y pone en riesgo tanto a los trabajadores como a la producción. Es imperativo que el Gobierno y las autoridades de seguridad implementen medidas efectivas para proteger esta industria vital y restaurar la confianza de los inversores y la comunidad minera», concluye.La Camimex reporta que en 2024 el sector gastó 100.35 millones de dólares en seguridad privada, una reducción del 7 por ciento con respecto a 2023, que registró una inversión de 107.99 millones de dólares.En 2022 desembolsaron 90.1 millones de dólares en cifras reales.»La necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en las zonas en las que operan las empresas mineras sigue siendo una prioridad, ya que continúan ocurriendo eventos que ponen en riesgo la integridad de las personas y su patrimonio, impactando además los costos de las operaciones y los niveles de inversión. Esto se refleja en el índice de atracción de inversión que anualmente publica el Fraser Institute, donde la seguridad se mantiene como una de las variables peor evaluadas en el país», advierte la Camimex en su Informe 2024.»La industria minera se ubica principalmente en zonas alejadas, lo que la convierte en un motor de desarrollo económico y social para las comunidades locales. Sin embargo, también la hace vulnerable a actos delictivos. Actualmente, México se encuentra en la posición 84 de 86 jurisdicciones evaluadas en el ranking del Instituto Fraser, que mide la competitividad de las regiones mineras en el mundo».Recomienda desarrollar una estrategia conjunta para fortalecer la seguridad en las regiones mineras. Esto incluye reactivar las mesas de seguridad, coordinar la capacitación de la Policía en asuntos mineros y fortalecer la coordinación interinstitucional para dar seguimiento a casos específicos.