Por unanimidad de los 127 legisladores presentes, el pleno del Senado, aprobó reformas a la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La reforma aprobada reconoce, asimismo, la identidad cultural de los pueblos indígenas y afroamericanos, con especial atención en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La reforma garantiza el derecho a decidir de los pueblos indígenas conforme a sus sistemas normativos, a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, con excepción de no limitar los derechos político-electorales.

Unos 23.2 millones de mexicanos y mexicanas se autorreconocen como indígenas en México, mientras que otros 2.5 millones de personas son afromexicanas.

Esta reforma, también, fija el derecho a ser consultados y cooperar de buena fe para adoptar y aplicar las medidas que puedan causar impactos significativos en su vida o entorno, para lo cual les brinda asistencia jurisdiccional idónea.

De igual modo, las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer las partidas específicas presupuestales para los pueblos y comunidades que administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia.