Pero el famoso filósofo griego eligió morir.

Y es que el exilio, estar fuera de la ciudad donde había pasado su vida y a cuyo servicio se había dedicado, era para él un castigo peor.

De haber preferido marcharse, Sócrates se habría convertido en un apátrida, una condición que según cálculos de la ONU afecta a millones de personas en el mundo y a las que en las últimas semanas se le han sumado unos 300 opositores nicaragüenses, que fueron despojados de su nacionalidad por las autoridades de ese país. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la apatridia tiene diversas causas que incluyen la discriminación contra ciertos grupos originada con frecuencia por diferencias étnicas o religiosas, o por cuestiones de género; la aparición de nuevos Estados y las transferencias de territorio entre los Estados existentes; los vacíos en las leyes de nacionalidad; así como por la pérdida o la privación de la nacionalidad como consecuencia de decisiones tomadas por los Estados. Se trata, en todo caso, de un problema que tiene graves consecuencias para las personas que lo sufren, pues pierden un derecho que sirve como base para acceder a muchos otros derechos importantes que en el mundo contemporáneo se dan por sentados.

Existen personas apátridas en casi todos los países y regiones del mundo, según ACNUR.

Uno de los grupos más afectados son los rohingyas, una minoría predominantemente musulmana que durante décadas han sufrido persecuciones en Myanmar, donde residen. En su caso, el Estado no los reconoce como ciudadanos, porque los considera migrantes procedentes de Bangladesh. Los rohingyas, por su parte, afirman ser descendientes de comerciantes árabes y haber vivido allí durante generaciones.

Se calcula que un millón de rohingyas han buscado refugio en los países vecinos de Myanmar debido a la persecución que enfrentan.

En América Latina, el caso reciente más conocido de apatridia es el de decenas de miles de personas nacidas en República Dominicana pero que no se les reconoce como ciudadanos por ser descendientes de migrantes, mayormente haitianos.

El caso de los opositores nicaragüenses es distinto.

Una pena «desproporcionada»
El pasado 9 de febrero, las autoridades de Nicaragua dejaron en libertad a 222 opositores del gobierno del presidente Daniel Ortega que estaban presos y los «deportaron» a Estados Unidos, tras declararlos como «traidores de la patria», despojarles de la nacionalidad nicaragüense y privarles de sus derechos ciudadanos de forma perpetua. Una semana más tarde, este 16 de febrero, otros 94 opositores -muchos de los cuales ya estaban viviendo en el exilio- corrieron la misma suerte: fueron declarados traidores a la patria, despojados de su nacionalidad y privados de sus derechos ciudadanos a perpetuidad.

Además, fueron declarados como prófugos de la justicia y se ordenó el decomiso de los bienes inmuebles y sociedades en las que tuvieran participación.

Ambas medidas fueron tomadas en el marco formal de procesos penales y dadas a conocer como sentencias de tribunales nicaragüenses. No obstante, se trata de acciones duramente cuestionadas por organizaciones y expertos en derechos humanos.

«Advertimos que la deportación es completamente inaplicable en este caso, porque esta es una figura jurídica migratoria que se aplica específicamente a extranjeros que han cometido delitos en este país. Están llamándole deportación a un destierro que está absolutamente prohibido en todas las legislaciones y las normas internacionales de derechos humanos», expresó en un comunicado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos tras conocerse la expulsión del grupo de 222 opositores.

ACNUR, por su parte, emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por lo que ocurre en Nicaragua y recordó que la legislación internacional prohíbe «la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos».

BBC Mundo se puso en contacto con la oficina de prensa del Poder Judicial de Nicaragua para consultarles sobre los señalamientos hechos en este artículo, pero no se recibió respuesta.

Fernando Fernández, experto en Derecho Penal Internacional y profesor de la Universidad Central de Venezuela, señala que, al convertir a estos opositores en apátridas y enviarlos al destierro, las autoridades nicaragüenses están aplicando una pena infame.

«Ellos no son extranjeros y ahora los convirtieron en nada y en nadie. La decisión de las autoridades de Nicaragua los puso en una situación terrible, porque los deja en un limbo, sin ningún referente. Ningún Estado te va a recibir si no tienes nacionalidad y, en consecuencia, no tienes pasaporte. Y no puedes ir a tu país porque eres nada, eres nadie. Conservas tu nombre, pero desapareces de las actas legales y administrativas del Estado», dice el experto a BBC Mundo.