El expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), José Miguel Salcido Romero, enfrenta seis denuncias por peculado, abuso de autoridad y uso ilegal de atribuciones, las cuales representan irregularidades por 242 millones 230 mil pesos. Las querellas fueron presentadas entre julio de 2017 y octubre de 2018, todas relacionadas con su gestión como magistrado presidente, cargo que ocupó de febrero de 2014 al mes de diciembre de 2015.
Salcido Romero fue presidente del Tribunal Estatal Electoral, luego magistrado de la Sala de Control Constitucional del TSJE y secretario de Educación durante un breve periodo en la administración del exgobernador César Duarte; a la fecha se desempeña como coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno.
La denuncia que involucra un monto mayor de recursos fue presentada el 13 de julio de 2017 en contra de Salcido Romero y exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda del Estado, debido a que se adjudicó una licitación para suministrar mobiliario y equipo a la Ciudad Judicial a Grupo Fritag, por un monto de 116 millones 398 mil pesos.
Según narra la querella, el 30 de abril de 2015, el entonces magistrado presidente firmó un convenio de colaboración administrativa con la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, para dotar de mobiliario a la nueva sede del Poder Judicial; en la misma fecha, el Comité de Adquisiciones del Ejecutivo acordó la licitación y que se entregó a Fritag el 15 de mayo de ese año.
Posteriormente, en julio de 2015 se hizo una ampliación presupuestal para la adquisición de bienes, por 34 millones 919 mil pesos.
Pero el mobiliario de la marca Herman Miller suministrados por la empresa ganadora de la licitación tuvo un sobreprecio de 46 millones 266 mil pesos, es decir un 41 por ciento más de lo pagado, según la investigación de mercado que obra en la denuncia.
En cuanto a la ampliación presupuestal por más de 34 millones de pesos, se determinó que también se pagó un sobreprecio de 26 millones 198 mil pesos, de acuerdo al comparativo que se hizo de los precios de mercado y las facturas entregadas por el proveedor.
Para esas compras, de acuerdo a las denuncias presentadas que involucran a Salcido, el 8 de septiembre de 2015 se realizó una sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, donde el magistrado pidió autorización para utilizar recursos económicos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.
Con dicha autorización, fueron trasferidos 85 millones de pesos del fondo judicial a la Secretaría de Hacienda del Estado.
Otra de las denuncias también fue presentada el 13 de julio de 2017, por el pago de servicios de consultoría y reingeniería de procesos para el Tribunal de Justicia, por un monto de un millón 740 mil pesos.
En este caso son señalados Salcido Romero, Óscar Armando Herrera Ponce, quien fungía como director de Administración del TSJE y Pedro Bejarano Torres, representante de la empresa Corporativo Sicomoro, que había sido favorecida con el contrato de prestación de servicios.
Dentro de la denuncia se establece que Ernesto Chávez Gutiérrez, encargado de la Dirección de Tecnologías de la Información del TSJE, declaró que Corporativo Sicomoro jamás prestó los servicios por los que se pagaron, dado que todas las labores las había realizado el propio tribunal, pero le exigían reportar que la empresa las había realizado.
En otra denuncia también fechada el 13 de julio de 2017, es señalado Salcido junto con Herrera Ponce y la particular Ileana Guadalupe Esparza Gámez, por un contrato otorgado en entre 2014 y 2015 por asesoría y capacitación, análisis de información y difusión publicitaria, por un total de 2 millones 169 mil pesos.
Según la denuncia, no existe evidencia del trabajo realizado, pese a los pagos mensuales de 85 mil pesos que erogó el Poder Judicial.
En una denuncia más presentada en la misma fecha que las anteriores, se establece que el TSJE pagó 522 mil por servicios de capacitación frente ordenamientos electorales, sin evidencia del trabajo realizado por la empresa contratada.
En este caso, los acusados son Salcido Romero y Herrera Ponce, además de Ernesto Zendejas Guevara, representante de Erze Asesoría Integral, que fue la empresa favorecida con el contrato firmado el 1 de abril de 2014.
Finalmente, otra denuncia presentada el 19 de octubre de 2018, señala al expresidente del Tribunal y al director de Administración de entonces, así como a Erick Paredes Salazar, también funcionario judicial, junto con los particulares Jorge Segundo Dittrich Salazar, José Alejandro Alvídrez y Ángel Agustín Galván, por pagos de honorarios asimilados a salarios a personas que no tenían relación laboral con el TSJE.
Por ese concepto se señalan un millón 67 mil pesos, mediante contratos de personal que no laboraba en la estructura judicial. Obran en dicha denuncia declaraciones de Ernesto Chávez, Socorro Ortega, Myrna Rosales, Saúl Omar García, Claudio Galache y otros involucrados en el pago de nómina del Tribunal, quienes aseguraron que los cheques expedidos fueron para personas que no laboraban en el TSJE. Asimismo, se señala la simulación del pago de compensaciones por 233 mil pesos y el pago a un supuesto asesor por 181 mil pesos, que no recibieron dichas cantidades por las que se habían expedido cheques a su favor.
